La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell ha generado una creciente preocupación entre empresarios, sindicatos y representantes de cámaras de comercio, quienes temen que esta operación resulte en una significativa pérdida de acceso al crédito, especialmente para pymes y autónomos. Según estimaciones de la patronal catalana, la operación podría suponer una reducción de hasta 75.000 millones de euros en financiación destinada a pequeñas y medianas empresas, lo que afectaría directamente a su capacidad para operar y crecer.
Durante un acto público reciente, diversos representantes empresariales y sindicales se unieron para expresar su rechazo a la operación y solicitar una evaluación exhaustiva del impacto que tendría en el mercado financiero. Según las declaraciones de los participantes, la fusión podría reducir la competencia en el sector bancario, lo que dificultaría aún más el acceso a créditos asequibles y adecuados para las pymes españolas.
El líder de una influyente organización de negocios regional declaró que, si se lleva a cabo la operación, el 50% del financiamiento que en estos momentos provee Banco Sabadell a las pequeñas y medianas empresas se eliminaría. Según afirmó, esto forzaría al sector empresarial a «reinventar la fundación de una nueva entidad bancaria, al igual que lo hicieron nuestros predecesores hace más de 150 años». Estas palabras destacan el papel histórico de Sabadell en el respaldo al ecosistema empresarial, especialmente en las zonas donde su influencia es más notable.
Por otro lado, BBVA ha tratado de mitigar esos miedos, afirmando que la unión de las dos entidades no solo no afectaría negativamente a las pymes, sino que incrementaría el crédito disponible para empresas en 5.000 millones de euros al año. El líder de BBVA resaltó que la transacción busca mejorar la capacidad del banco para apoyar a las compañías, asegurando que “en lugar de perder, las empresas se beneficiarán” con la fusión. De acuerdo con los datos ofrecidos por el banco, BBVA es actualmente líder en la atracción de pymes dentro del mercado, con un 26,5% de participación en el último año, y ha aumentado su financiación a empresas en un 16% durante los últimos cuatro años, en comparación con una reducción del 5% en el sector bancario en general.
Aunque se han realizado estas afirmaciones, las inquietudes continúan. Voceros de asociaciones comerciales y laborales han destacado que el sistema bancario en España ya tiene un déficit en la financiación para pequeñas y medianas empresas comparado con los niveles antes de la pandemia, calculado en 15.000 millones de euros. También piensan que la fusión podría agravar esta situación al disminuir la competencia y complicar el acceso a opciones de financiamiento variadas.
Desde el punto de vista sindical, también se ha destacado el impacto potencial en el empleo. Según sus estimaciones, la operación podría llevar a un recorte significativo de puestos de trabajo en el sector financiero, que ya enfrenta una disminución de sucursales y empleados por habitante en comparación con otros países europeos. Los sindicatos han instado al gobierno a evaluar cuidadosamente las consecuencias de esta fusión, argumentando que, aunque las entidades involucradas son empresas privadas, desempeñan un papel esencial como proveedores de un servicio público.
Además, varios líderes empresariales han enfatizado que el acceso al crédito es fundamental para la supervivencia y el crecimiento de las pymes. Han solicitado a las autoridades reguladoras, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consideren los riesgos de esta operación para el tejido empresarial y la economía en general. En este sentido, también han lamentado que, hasta el momento, la CNMC haya rechazado la participación de diversas organizaciones en el análisis del impacto de la operación, limitando el proceso a las partes directamente involucradas.
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