Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, se enfrenta actualmente a un juicio antimonopolio significativo en Estados Unidos, impulsado por la Comisión Federal de Comercio (FTC). La agencia acusa a la compañía de haber adquirido Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014 con el propósito de eliminar la competencia emergente en el ámbito de las redes sociales, consolidando así su dominio en el mercado.
La demanda sostiene que Meta empleó una estrategia denominada «comprar o enterrar», adquiriendo empresas competidoras para neutralizarlas en lugar de competir directamente con ellas. Según la FTC, estas adquisiciones no fueron inversiones estratégicas legítimas, sino tácticas para sofocar la competencia y mantener un monopolio en el sector de las redes sociales personales. La agencia argumenta que estas acciones perjudicaron a los consumidores al reducir la innovación y limitar las opciones disponibles en el mercado.
Por otro lado, Meta defiende que las adquisiciones fueron aprobadas por los reguladores en su momento y que han beneficiado a los usuarios al mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. La empresa argumenta que enfrenta una competencia significativa de otras plataformas como TikTok, YouTube y X (anteriormente conocido como Twitter), lo que demuestra que el mercado sigue siendo competitivo. Además, Meta sostiene que la definición del mercado utilizada por la FTC es demasiado limitada y no refleja adecuadamente la dinámica actual del sector.
El proceso judicial, que tiene lugar en una corte federal en Washington D.C., ha capturado el interés porque podría cambiar las normativas sobre monopolios en tiempos digitales. Se anticipa que este caso impacte de manera considerable no solo a Meta, sino también a otras importantes compañías tecnológicas que desarrollan sus actividades en el área de las plataformas sociales y la comunicación digital.
Este proceso judicial se enmarca en un contexto más amplio de creciente escrutinio hacia las grandes tecnológicas por parte de los reguladores estadounidenses. La FTC y el Departamento de Justicia han intensificado sus esfuerzos para abordar lo que perciben como prácticas anticompetitivas en el sector tecnológico, buscando garantizar un entorno de mercado más justo y competitivo.
A medida que avanza el juicio, se espera que se presenten pruebas adicionales que puedan influir en la decisión final del tribunal. El desenlace de este caso podría sentar un precedente importante en la aplicación de las leyes antimonopolio en el ámbito digital, afectando la forma en que las empresas tecnológicas operan y se expanden en el futuro.
